DAIA y AMIA, agentes de Israel, traicionan comunidad judía argentina
Por Sebastian Robles
Funcionan formalmente como entidades no gubernamentales sin fines de lucro y reciben ingentes recursos estatales, financiamiento y subsidios del gobierno nacional. Lejos, sin embargo, de desenvolverse como mutuales o representantes de los derechos exclusivamente religiosos de los judíos argentinos, son parte del andamiaje político, diplomático y de información del gobierno de Israel.
La comunidad judía de nuestro país es cautiva de los dirigentes de la DAIA y la AMIA que la manipulan al servicio de una potencia extranjera cuyos intereses anteponen a los del país y a los de la propia comunidad religiosa que dicen representar. La DAIA y la AMIA se han reunido con el gobierno de Kirchner – incluyendo al propio Presidente – más de una docena de veces.
En esas reuniones han exigido desde el apoyo a la invasión del Líbano por Israel hasta el montaje de aparatos de seguridad e inteligencia sobre la comunidad Islámica de nuestro país y en la Triple Frontera. Más recientemente han demandado la condena de Irán y su gobierno por una presunta complicidad de Teherán en los atentados contra la AMIA de 1994.
En este sentido han actuado a coro con la Embajada de Israel en Buenos Aires, la chancillería de aquel país y su propio servicio de inteligencia, el MOSSAD. Todos estos organismos no solo se han reunido repetidamente con los dirigentes de la DAIA y la AMIA – quienes también han organizado varios viajes de misiones especiales a Tel Aviv – sino que aparecen publica y simultáneamente juntos haciendo declaraciones calcadas unas de las otras.
Una simple revista a las informaciones de la prensa del último ano, demuestra claramente, que en el discurso público y el énfasis político, en nada se diferencian las exigencias de la DAIA y la AMIA de las que han emitido los organismos gubernamentales de Israel.
Esto no es nuevo para el sionismo que se ve a si mismo como el único representante de los intereses de los judíos de todo el mundo y del Estado de Israel – que consideran sinónimos – y que exigen de todas las organizaciones judías en cualquier país una sumisión absoluta a los planes políticos y militares dictados desde Tel Aviv.
El ultimo ejemplo de esta representación supranacional Israelí ha sido lograr que el gobierno de Kirchner, a través del fiscal Alberto Nisman, exija la detención del un ex mandatario, un ex canciller y otra media docena de funcionarios de alto nivel del gobierno Iraní como presuntos responsables del atentado terrorista contra la AMIA.
Basado casi exclusivamente en informaciones de servicios de inteligencia extranjeros como el MOSSAD y la CIA, el fiscal Nisman pidió la detención de altos funcionarios iranís y el juez actual de la causa, Rodolfo Canicota Corral, le dio lugar a la exigencia. Un pedido formal a INTERPOL para la detención de los funcionarios iraníes es inminente.
No existen pruebas en la causa que indiquen la autoría o complicidad del gobierno Iraní de entonces, ni el actual, de los actos terroristas que causaron la muerte de mas de 80 personas y sacudió el país y el mundo hace poco mas de una década. Más aun, las versiones deslizadas por los distintos servicios de inteligencia de Israel, EEUU, Inglaterra y Argentina fueron cambiando de acuerdo a las necesidades diplomáticas y políticas de los países envueltos.
Se dijo en algún momento de la investigación que los responsables habrían sido miembros de la “mano de obra desocupada” del Proceso; luego que habría sido Hezbollah, la organización islámica Libanesa; luego que podría haber sido al-Quada, mas tarde Hezbollah al servicio del gobierno de Irán y ahora aparecería ser que la ejecución habría partido directamente de Teherán.
Lo único que se ha probado fehacientemente es que directivos de la AMIA y funcionarios del gobierno de Menem, así como policías que servían bajo su gobierno, habrían manipulado el caso, producido sobornos e incluso en algunos casos protagonizado aspectos delictivos de la causa investigada.
Ya nadie parece recordar que los escándalos producidos durante los primeros tramos de la investigación hicieron saltar por los aires a parte de la dirección sionista de las organizaciones argentinas de ese origen y enlodaron al gobierno de Menem y la propia MOSSAD israelí que hizo lo posible por complicar la investigación para que nunca se conociera la verdad de lo sucedido. Nadie presta atención a la manufactura de evidencia y procedimientos del ex juez Galeano que le costaron su puesto.
En círculos cercanos a la investigación y que dicen conocer al fiscal Nisman, se afirma que el primero en llamar y felicitarlo por su decisión de pedir los arrestos de funcionarios Iraníes, fue el embajador de Israel en Buenos Aires, seguido de inmediato por un llamado similar de la chancillería de ese país. Nisman, para producir su dictamen se bao en evidencia suministrada en varias reuniones, por agentes del MOSSAD en argentina y el propio embajador de Israel en nuestro país.
Nisman, un declarado sionista que mantiene lazos formales y políticos con dirigentes de la DAIA y la AMIA, estaría actuando en este caso mas como abogado de sus “intereses” que como “custodio de los intereses del pueblo argentino”. Al no basarse en investigaciones ni pruebas factuales en el caso producidas por fuentes investigativas nacionales o independientes, su proceder esta altamente desvirtuado por el carácter político e ideológico de su accionar.
El gobierno de los Estados Unidos resalto el accionar de Nisman y Canicoba Corral, exaltándolos en un comunicado oficial en el que se afirma, sin aportar ninguna evidencia, el juicio de que tanto Irán como sus autoridades son los autores materiales e intelectuales del atentado a la AMIA. Tanto Demócratas como Republicanos en el Congreso norteamericano han encomiado al gobierno argentino y a la justicia de nuestro país por haber procedido como lo han hecho, es decir, sin aportar ni una sola prueba.
El Consejo Mundial Judío y otras organizaciones sionistas residentes en los Estados Unidos han salido en defensa de Nisman y atacando la decisión del gobierno de Irán de contraponer sus propias ordenes de arresto – en este caso contra Nisman y el ex juez Galeano – a las giradas por la justicia argentina contra sus funcionarios. Es de recordar que estas mismas organizaciones se reunieron repetidamente con Kirchner y su entorno durante su última gira por el país del Norte.
En esas reuniones Kirchner habría accedido a dejar correr las acciones que ahora son de público dominio. El hecho de que echara del gobierno sin dilaciones a Luis D’Elia por solidarizarse con el gobierno Iraní y las declaraciones publicadas por el ex canciller Bielsa atacando al gobierno Iraní son pruebas manifiestas que Kirchner esta cumpliendo con su palabra.
Los resultados de una política al servicio de los Estados Unidos e Israel han perjudicado económica y políticamente a la Argentina. El comercio exterior con Irán ha colapsado desde el retiro mutuo de embajadores anos atrás y se encuentra hoy en el punto mas bajo. Un comercio exterior que beneficiaba a nuestro país.
La posición de Kirchner en relación a Irán podría llegar a afectar las relaciones comerciales con el resto del Medio Oriente y con países como la Federación Rusa o debilitar las relaciones con países como Venezuela que mantiene fuertes lazos comerciales y políticos con Irán.
Desde el punto de vista político, la Argentina pierde credibilidad y asume un rol de sicario de los EEUU e Israel, deteriorando aun más su imagen internacional. El pedido de detenciones de altos funcionarios extranjeros basados en presunciones y análisis de agencias de inteligencia que mintieron y embarcaron al mundo en la tragedia de la invasión y ocupación de Irak no puede ser tomado en serio por ningún país independiente. Incluso el MI5 ingles, y el propio gobierno de Blair se han manifestado hasta ahora prescindentes en esta nueva maniobra urdida en Tel Aviv y Washington.
Mas allá del uso faccional que algunos países puedan hacer de las acciones del gobierno argentino, su credibilidad real al momento de la interacción gubernamental ha sido vulnerada, tal vez a niveles insalvables. Al interior del país, el sistema judicial se ha desprestigiado nuevamente. ¿Quién en su sano juicio confiaría en jueces y fiscales que actúan en base a informes sin sustentación de organismos de inteligencia extranjeros, particularmente aquellos dirigidos por el imperialismo e Israel?
Demás esta decir que las acciones del fiscal Nisman, la posición del juez Canicoba Corral y la del propio gobierno de Kirchner, han ubicado a la Argentina en el centro de uno de los conflictos mas impredecibles de la historia contemporánea. El enfrentamiento de Washington con las masas del Medio Oriente por un lado, y su política anti-terrorista, solo alimentaría represalias de todo tipo contra nuestro país que debería haberse mantenido lo mas lejos posible de toda colaboración con una “guerra” inventada y desarrollada para sostener solo los intereses imperiales.
Es un acto de suprema estupidez, más allá de una demostración vasalla a los EEUU.
La comunidad judía argentina, y los sectores islámicos y árabes de nuestra sociedad – ambos muy importantes – quedan así atrapados como peones en una guerra insensata que no traerá sino que alejara la verdad de lo ocurrido en la AMIA una década atrás. Nadie estará ahora interesado en investigar a fondo los hechos porque la política de los lados en pugna, particularmente de Israel y EEUU, ya han conseguido sus propósitos de hacer pasar al gobierno y estado argentino al campo de la reacción mundial.
Para preservarlos en ese campo es imprescindible la continuación de una estrategia de escalada del conflicto con Irán y el no esclarecimiento de los hechos que deberían investigarse. La prosecución de esa estrategia y la política Kirchnerista han hecho ingresar a la Argentina a un campo de batalla en una guerra que es ajena, desde toda perspectiva, a los intereses nacionales.
Es necesario desmontar estos mecanismos agresivos del imperialismo e Israel contra la Argentina. La izquierda, los demócratas de nuestro país, las organizaciones de derechos humanos y los organismos sindicales y políticos deben exigir que la DAIA y la AMIA sean considerados como agentes de una potencia extranjera, privados de todas las subvenciones, exenciones impositivas y prerrogativas que se les brinda actualmente. Si desean servir a Israel por encima de los intereses argentinos y de la propia comunidad judía de nuestro país, deberían hacerlo a costa del erario de Tel Aviv.
El fiscal Alfredo Nisman debería ser inmediatamente reemplazado de su cargo y de toda relación con el caso AMIA. No se puede ser juez, fiscal y parte como intenta hacerlo y, mucho menos, trabajar para oscurecer los hechos y funcionar como un simple amplificador de los intereses políticos de agencias de inteligencia extranjera.
Las informaciones en las que se basan tanto Nisman como Carricoba fueron proveídas por la agencia de inteligencia israelí MOSSAD en colaboración con la CIA
